Un aumento en las amenazas contra defensores de derechos humanos en Colombia fue denunciado por la ONU.
“Las amenazas y asesinatos contra sindicalistas, periodistas, personas lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas (Lgtb) y contra quienes promueven sus derechos son motivo de especial preocupación”, señala el informe presentado ayer ante el Consejo de la ONU por la alta comisionada adjunta para Derechos Humanos, Kyung-wha Kang.
El documento insiste en la necesidad de que Colombia adopte mejores medidas para proteger a testigos, familiares de víctimas y funcionarios judiciales que trabajan en casos de violaciones de derechos humanos, y cita presiones y amenazas que han recibido personas vinculadas a procesos por ‘falsos positivos’.
Kang exhortó a la Procuraduría a que sancione “a los funcionarios que con sus declaraciones deslegitiman o ponen en riesgo la labor de los defensores de derechos humanos” y recomendó que todos los casos que involucran a miembros de las Fuerzas Armadas sean vistos por tribunales civiles”.
“Es evidente que no existe política gubernamental que admita o justifique la violación de derechos ni ahorro de esfuerzos por parte del Estado para evitar que tales violaciones ocurran”, replicó la viceministra de Relaciones Exteriores colombiana, Adriana Mejía, quien admitió “los retrasos en las investigaciones y la falta de unidad de criterios jurisprudenciales”, los cuales calificó de “retos” que el Estado debe abordar “para superar la impunidad”
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